Vivimos en un Estado de derecho, amparados por la Constitución y las leyes, donde existen normas jurídicas y administrativas que rigen la vida de los ciudadanos. Nadie, en absoluto, puede atribuirse a su favor el patrimonio de otros, como tampoco, podrá hacer uso de sus influencias para arrebatar los bienes y propiedades legalmente registradas. En otras palabras, lo que tiene dueño se respeta. En ese sentido, nos sorprende la noticia de que en la zona de Los Almendros, el Ministerio de Obras Públicas, está ocupando los predios agrícolas y áreas cuyos propietarios las habían destinado para ser urbanizadas. Y todo esto, sin hablar con los dueños, sin establecer un acuerdo, como si no existieran títulos de propiedad y, peor aún, como si el Estado habría decidido declararlos de utilidad pública sin ningún consenso con los propietarios. De ahí el calificativo de abusivo y arbitrario, hecho por el abogado Jorge de los Santos.
Todos conocemos que se está trabajando para abrir paso a la avenida de circunvalación por el litoral sur de la provincia Peravia, que en su diseño se trazó la ruta por donde habrá de pasar, que pocos ignoran su trayectoria. Pero nadie en su sano juicio llegó a pensar que la compañía constructora procedería a iniciar los trabajos sin haber consensuado con los propietarios. Tal es el caso del señor Juan Carlos Minyetti, quien ha hecho una inversión millonaria para la construcción de una urbanización. Hoy despierta con la incursión de equipos y maquinarias trabajando en los terrenos de su propiedad. Esto implica una flagrante violación al artículo 51 de la Constitución de la República, el cual protege la propiedad privada, según refiere el Dr. Jorge de los Santos. Y es que desde el punto de vista jurídico, el Ministerio de Obras Públicas invadió propiedades sin haber pagado, por lo que se concibe como un abuso de poder de una institución del Estado. Esto, obviamente, será llevado legalmente ante los tribunales.
Los hechos saltan a la vista. Se está trabajando por la zona costera, específicamente por el área de Los Almendros. Están penetrando, incursionando o invadiendo terrenos privados, y todo sin un convenio, sin un acuerdo previo y sin pagar un centavo. Por esa razón varios comerciantes y empresarios de este municipio han dado la voz de alarma frente a lo que consideran como un abuso que vulnera la constitución de la República.
Baní necesita la avenida de circunvalación, esperamos su construcción, pero deseamos que para lograrlo no sea con el atropello a los ciudadanos que durante años han permanecido aportando al desarrollo de nuestra provincia. Nos solidarizamos con las familias que están siendo afectadas por la invasión de sus predios, ya que en la República Dominicana, los ciudadanos vivimos bajo un régimen de derechos constitucionales. Y esto mejor que nadie lo sabe el ministro de Obras Públicas.
