Es la pregunta que se escucha por los pasillos, esquinas y plazas públicas. Es el clamor de un pueblo que comienza a exigir resultados en los sonados casos de corrupción que han sido anunciados. Son muchos los operativos lanzados, muchos los acusados, pero hasta la fecha, el poder judicial no presenta una sentencia condenatoria contra uno de los detenidos.
Mientras tanto, el nombre de la Republica Dominicana rueda por el piso, ya que escándalos tras escándalos, frente al pobre desempeño de la justicia pareciera que para los que roban sumas millonarias de los fondos públicos, las sanciones no aplican.
Y es que gobiernos vienen y gobiernos van y seguimos igual, esperando a quién o a quienes habrán de condenar. Recordamos que en el mes de diciembre del año 2020 inició la Operación Anti pulpo, en la que el juez Alejandro Vargas declaró complejo el expediente y ordenó prisión preventiva por tres meses para Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán y Aquiles Cristopher Sánchez, en la cárcel de Najayo.
También conocimos la Operación Medusa, donde fue acusado de desviar fondos del Estado por más de RD$ 6 mil millones de pesos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, y otras series de acusaciones, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
La Medusa desató 38 allanamientos, aspavientos, movimientos y rumores que aún esperan ser aclarados.
La verdad es que en el mar de las acusaciones por desfalco al Estado hemos contado con todas las variedades, incluyendo a la Operación Caracol, donde fue allanada la mismísima Cámara de Cuentas, para investigar supuestos actos de corrupción a lo interno de esa institución. Sin embargo, según datos obtenidos por la prensa, el Ministerio Público nunca ha depositado instancia alguna en contra de los encartados.
Luego despertamos con la Operación 13, donde se descubrió el fraude orquestado desde la Lotería Nacional, implicando la sustracción de más de RD$ 150 millones de pesos. Más adelante conocimos el gran destape, descrito como el más grande escándalo de corrupción destapado en este gobierno: la Operación Coral 5 G, con al menos 49 allanamientos en Santo Domingo, La Vega y Santiago. Todo esto, derivado de las acusaciones del caso Coral. Es decir, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, concluyó que 48 imputados habían incurrido en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego.
Y todo eso, desde un entramado religioso-militar, acusado de depredar más de RD$ 3 mil millones de pesos del Estado dominicano. Entre los señalados en Coral están, el ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, el Coronel Rafael Núñez de Aza, entre otros.
En cuanto a la Operación Coral 5G, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, entre otros altos oficiales.
Obviamente, tenemos muchos operativos contra supuestos corruptos, pero en la medida que pasan los meses y pasan los años sentimos que se va enfriando la lucha por el saneamiento de la administración pública. Claro está, la promesa del presidente de la República, Luis Abinader, fue dejar trabajar al poder judicial con la independencia que le otorga la Constitución de la República. Sin embargo, el pueblo está evaluando el desempeño del Ministerio Público.
