Desde que se fundaron los organismos de seguridad del Estado, en sociedades que aspiran a transitar por el camino de la democracia, se han venido presentando hechos que atentan contra la integridad y la dignidad humana, dejando el sabor amargo de la impotencia en quienes son afectados por las prácticas del pasado, que son reproducidas por elementos que se escudan bajo el uniforme de autoridad para cometer acciones reñidas con la moral, y violatorias a las leyes y preceptos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la sociedad dominicana, al tiempo de evaluar el desempeño de la Policía Nacional, se trae a colación que es el engendro primario de la dictadura trujillista, creada a imagen y semejanza del nefasto régimen. Así se buscan justificar los casos que envuelven a miembros de la institución que actúan de espaldas a la Constitución de la República, asumiendo prácticas corruptas, vejámenes y agresiones a ciudadanos que quedan marcados física y psicológicamente para siempre.
Hace años que el rumor público viene denunciando a agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, como responsables de colocar porciones de sustancias narcóticas a jóvenes que son apresados en redadas consideradas ilegales, ya que son realizadas sin la presencia de fiscales, mientras que, del rumor hemos pasado a la acusación, cuando hace unos días, la abogada Rosa Julia Batista, pasó por un momento difícil con una patrulla de la policía que se disponía a hacer una requisa, debido a que según sus versiones, uno de los agentes se disponía a colocar droga en el interior de su vehículo. Ahora resuenan casos lamentables donde han sido maltratados comerciantes, padres de familia y jóvenes que son esposados frente a niños, amigos y familiares, sin que prime el más mínimo respeto por la dignidad de las personas afectadas. Sin embargo, lo peor es que los agentes de la DNCD se desplazan sin la presencia de miembros del Ministerio Público, en vehículos sin identificación, en una acción que deja mucho que desear en una sociedad como la nuestra que busca vivir en paz.
Ante los abusos que se evidencian como muestras de cómo actúan las instituciones que deben velar por el orden y el respeto de los derechos humanos, es preciso escuchar la voz de las autoridades, sobre todo, de las que presumen defender a los ciudadanos frente a los atropellos policiales. Nuestro pueblo quiere y sueña con vivir en un clima de paz y seguridad, pero sin injusticias que afecten a la familia banileja.
