𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃.
𝐃𝐢𝐞𝐜𝐢𝐨𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐎𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐠𝐮𝐚, 𝐁𝐚𝐧𝐢́, 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞𝐜𝐢𝐨́ 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐜𝐨́ 𝐞𝐥 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐲𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐚𝐫𝐜𝐨𝐭𝐫𝐚́𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚.
Basta pronunciar dos palabras “masacre de Paya” para que la memoria regrese al 4 de agosto de 2008.
Aquella madrugada, siete hombres fueron sacados por la fuerza de una vivienda en Paya, trasladados hasta la comunidad de Ojo de Agua y ejecutados a tiros. Las investigaciones vincularon el hecho con una disputa por un cargamento de alrededor de mil 300 kilogramos de cocaína procedente de Colombia.
Pero aquello no fue únicamente un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
El expediente reveló que un grupo de civiles y militares habría organizado la operación, simulando pertenecer a organismos antidrogas para irrumpir en la vivienda, reducir a las víctimas y conducirlas hasta el lugar donde fueron asesinadas.
Con el avance de las investigaciones, oficiales de la entonces Marina de Guerra fueron vinculados al caso. La propia institución informó posteriormente sobre el desmantelamiento de una estructura criminal que, según las autoridades de la época, también estaba relacionada con viajes ilegales hacia Puerto Rico.
La masacre dejó al descubierto una realidad incómoda: el narcotráfico no operaba solamente desde la clandestinidad. Había conseguido penetrar estructuras oficiales, utilizar armas, información y personal capacitado por el propio Estado para ejecutar una operación criminal.
El uniforme, que debía representar protección y autoridad, quedó mezclado en un expediente de drogas, secuestro y muerte.
Ese fue quizá el golpe más profundo del caso Paya: demostrar que el crimen organizado no siempre necesita enfrentar al Estado. A veces le basta con comprar, reclutar o corromper a quienes trabajan dentro de él.
La investigación policial concluyó inicialmente con el sometimiento de varias personas, mientras el proceso judicial llegó a involucrar a 22 acusados entre civiles y militares.
En diciembre de 2010, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 16 de los procesados a penas que oscilaron entre tres y 30 años de prisión. Otros seis fueron absueltos por insuficiencia de pruebas. En total, el tribunal distribuyó 323 años de cárcel entre los condenados
Seis años después, en abril de 2016, la Suprema Corte de Justicia ratificó las principales condenas y convirtió la sentencia, en definitiva.
La justicia condenó a los responsables que pudieron ser llevados ante los tribunales. Sin embargo, el expediente dejó preguntas que el tiempo no ha logrado borrar.
¿Hasta dónde alcanzaba realmente aquella red? ¿Qué ocurrió con el cargamento de droga que habría provocado la matanza? ¿Qué otras operaciones pudieron haber realizado la estructura antes de ser descubierta? ¿Y cuánto aprendieron las instituciones dominicanas de aquel escándalo?
Las sentencias cerraron el proceso judicial, pero no necesariamente respondieron todas las interrogantes que rodearon el caso.
Mientras el país hablaba de narcotráfico, corrupción militar y ejecuciones, la comunidad de Paya recibió una condena que ningún tribunal dictó: la del estigma.
Durante 18 años, su nombre ha sido repetido junto a la palabra “masacre”, como si toda la comunidad hubiese sido responsable de una operación planificada y ejecutada por personas ajenas a la vida cotidiana de cientos de familias trabajadoras.
Paya fue el escenario inicial de la operación criminal, pero no fue su autora.
Esa diferencia importa.
Porque detrás del nombre con el que se conoce el expediente existe una comunidad que ha continuado creciendo, trabajando y reclamando ser reconocida por algo más que el hecho violento que marcó su historia.
Recordar la masacre no debe servir para revivir el morbo ni para volver a colocar sobre Paya una culpa colectiva que nunca le correspondió.
Debe servir para analizar qué permitió que civiles y miembros de instituciones armadas se articularan alrededor de una operación de narcotráfico con capacidad para secuestrar y ejecutar a siete personas.
Dieciocho años después, la masacre de Paya continúa siendo una advertencia.
El narcotráfico no amenaza únicamente cuando introduce drogas o disputa territorios. Su mayor peligro aparece cuando logra infiltrarse en las instituciones, comprar voluntades y convertir a quienes deben combatirlo en parte de su estructura.
Las condenas fueron necesarias, pero la verdadera deuda permanece en garantizar que un crimen de esta naturaleza no vuelva a encontrar protección detrás de un uniforme, un cargo o una placa oficial. Porque Paya fue el lugar donde comenzó aquella tragedia, pero la masacre fue, sobre todo, el retrato de un Estado vulnerado por el crimen organizado. Te mande fotos y un video para que se vayan pasando de apoyo.
