𝐏𝐞𝐫𝐚𝐯𝐢𝐚, 𝐑.𝐃.
𝐋𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚 (𝐂𝐂𝐑𝐃) 𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧, 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢́𝐨𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝟏𝟕 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐲 𝐞𝐥 𝟑 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐧𝐨 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨́ 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐚𝐛𝐞𝐳𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐅𝐮𝐥𝐜𝐚𝐫, 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐮𝐥𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐢𝐞́𝐫𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬.
La investigación examinó distintos procesos administrativos y financieros del Ministerio de Educación, entre ellos contrataciones, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, movimientos de recursos financieros, adquisición de equipos tecnológicos, inventarios y nóminas.
Según el documento, las conclusiones de la investigación se concentran en observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer los controles internos, los procesos administrativos y la gestión institucional.
El informe de la Cámara de Cuentas reconoce, además, que las circunstancias derivadas de la pandemia y las variaciones extraordinarias en los precios de insumos y materias primas afectaron o pudieron afectar determinados procesos administrativos y de ejecución, incluyendo algunos relacionados con proyectos de infraestructura educativa.
En materia contable y presupuestaria, por ejemplo, se informó que una situación relacionada con la clasificación de gastos fue identificada y corregida mediante un acto administrativo del 5 de marzo de 2022, además de gestionarse acompañamiento técnico de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), con la que se suscribió un convenio de colaboración.
También se reportaron medidas destinadas a fortalecer los mecanismos de control, organización y actualización de los inventarios.
Respecto a los expedientes del personal, la administración de entonces informó que identificó debilidades preexistentes y puso en marcha procesos para completar, actualizar, digitalizar y organizar la documentación, además de establecer controles para las nuevas designaciones.
Al referirse a los resultados de la investigación, Roberto Fulcar sostuvo que las recomendaciones forman parte del proceso de fiscalización al que está sometida la administración pública y que permiten identificar áreas que deben ser corregidas o fortalecidas.
Fulcar también destacó que la investigación tiene una delimitación temporal hasta el 3 de agosto de 2022, por lo que las actuaciones realizadas posteriormente corresponden a administraciones que estuvieron al frente del Ministerio de Educación después de esa fecha.
En ese sentido, señaló que el propio informe identifica situaciones cuya actuación correspondió a una gestión posterior, entre ellas determinados contratos para la adquisición de dispositivos tecnológicos que fueron rescindidos por incumplimiento de los adjudicatarios.
