Toda acción que vulnere los derechos legalmente establecidos en la Constitución de la República, merece la atención de los ciudadanos. Nadie está facultado a atropellar, arrebatar y usufructuar los bienes ajenos, sin el legítimo consentimiento de sus dueños. Esto, por su puesto, es lo que debe primar en un Estado de derechos. Vivimos en un país con normas claras y definidas, donde el respeto a la propiedad privada está garantizado. Sin embargo, cuando se trata de proyectos encausados por el Estado, concebidos para solucionar problemas sociales prioritarios, es entendible que se busque el consenso con los dueños para de mutuo acuerdo abrir las puertas del progreso. Eso es lo correcto, lo sensato y conveniente para la preservación del sistema democrático.
Obviamente, cuando escuchamos las denuncias de atropellos y violaciones a la propiedad privada por parte de la compañía Equipos y Construcciones del Cibao, SRL. ECOCISA, tenemos que preguntarnos, qué está pasando? La respuesta debe ofrecerla el señor Pedro Salcedo, quien representa la empresa que construye la avenida de circunvalación en esta provincia. Según las denuncias de los dueños de parcelas y solares ubicados en la zona de Los Almendros, los equipos y maquinarias de dicha compañía, incursionaron en sus propiedades, destruyendo todo a su paso sin ningún acuerdo ni compromisos de pagos por los daños causados. Así como lo oyen: ECOSISA entró, rompió y continuó su trabajo sin ningún diálogo ni compromiso. En otras palabras, como si viviéramos los oscuros días de las dictaduras del pasado.
A todo esto, los molestos ciudadanos que están afectados por el desmadre de ECOCISA, enfilan sus quejas al gobierno, al que acusan de incumplimiento, ya que según alegan, el ministro de Obras Públicas dio garantías de que el Estado procedería al pago de los terrenos impactados con la construcción de la avenida de circunvalación, específicamente por la zona de Los Almendros. Precisamente ayer, el propietario de una porción de terrenos que tomó la susodicha compañía que construye la obra, protestó por el abuso, que afirma se comete en su contra. Se trata del señor Juan González Minyetti, quien dijo no haber recibido un centavo del gobierno por la porción de terreno que fue tomada de sus predios, los que afirma, fueron valorados en unos 85 millones de pesos. Casos como este han sido denunciados pero hasta la fecha no se han visto los resultados. Aunque varios propietarios fueron llamados a un diálogo, previo al inicio de los trabajos, a nadie se le ha cumplido, por lo que indican que el gobierno actúa de mala fe, con el deliberado propósito de despojar a los dueños de los terrenos invadidos ilegalmente. De ahí el llamado urgente al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, para que atienda el compromiso de pago que fue acordado, ya que en el país existe una Constitución que destaca como garantía el respeto a la propiedad privada. Entre tanto, respaldamos las demandas de los propietarios, ante lo que se considera como un abuso de poder que no se puede tolerar en un Estado democrático.
