La obra tan necesaria, reclamada durante años, y que muchos se negaron a construir, ha sido felizmente terminada. Se trata de la recién promulgada Ley 340-22 de Extinción de Dominio. La que tiene la encomienda de frenar el saqueo de los fondos públicos y otras aberraciones que conllevan al enriquecimiento ilícito. Ya lo habíamos dicho: El Estado dominicano había sido tomado por malos ciudadanos como un “botín de guerra” donde personas sin escrúpulos iban a nutrirse llevándose en los bolsillos los bienes del pueblo. Obviamente, hasta la fecha, nada se había hecho para la aprobación de una normativa legal para cortar el entramado de corrupción instalado en el Estado. De ahí la intención del presidente de la República, Luis Abinader, de crear e impulsar una ley que permita atajar las diversas modalidades de delitos, junto a la Ley de Lavado de Activos. Ya el presidente cumplió lo prometido. Se abre una nueva etapa en el ejercicio de gobierno, edificando sobre bases sólidas un muro de contención contra la corrupción, como elemento responsable de cerrar las puertas del progreso a nuestras comunidades. “Al César lo que es del César…” La ley promulgada fue promovida por el mandatario, quien sin vacilación la envió al Congreso donde fue aprobada. Ya en la República Dominicana tenemos una ley de Extinción de Dominio, el Estado cuenta con una herramienta para recuperar los bienes propios o de particulares que hayan sido obtenidos mediante operaciones fraudulentas o ilegales, cometidas por funcionarios o servidores públicos y por personas mezcladas con el bajo mundo de la delincuencia y el crimen organizado.
Ahora la bola está en la cancha de la justicia dominicana, quien tendrá en sus manos la investigación y seguimiento dentro del debido proceso, tal y como lo viene haciendo a través de los marcos de un Código Penal y otro procesal, cuyas debilidades menguaban su accionar frente a las tantas modalidades de corrupción.
Obviamente, aplaudimos la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, entendiendo que con este muro legal se pueden frenar las triquiñuelas que ponen en práctica los criminales y corruptos, cuyas “habilidades” les permitían evadir la justicia. El descaro de robar miles de millones de pesos de las arcas del Estado, con el blindaje de contar con jueces y funcionarios del Ministerio Público perversos, fueron creando en la psiquis del pueblo la idea de frustración frente al avance progresivo de la corrupción sin persecución. Por eso a partir de hoy, los ojos de los ciudadanos deben permanecer abiertos para defender los bienes del pueblo. Para eso ya contamos con la Ley.
