Lo de insólito no viene al caso por tomar de sorpresa a los ciudadanos, sino por la salvaje actitud de quienes iniciaron el proceso judicial más traumático que registra la historia, en lo relativo a casos de corrupción que envuelven a la administración pública. Obviamente, no había que ser inteligente para adivinar el curso de lo que se veía llegar con un Ministerio Público decidido a ocultar evidencias, dejando fuera del expediente a figuras políticas que el rumor público señala como beneficiarios de haber recibido sobornos, mientras habían identificado al sobornador. Y hasta se llegó a hablar de la cantidad repartida para lograr el cometido: unos 92 millones de dólares erogados por la compañía constructora Odebrecht para obtener el favor de legisladores y funcionarios del gobierno en las licitaciones de obras abiertas por el Estado. Pasaron meses y años con el mismo rosario, entre debates, acusaciones y escándalos que merecían sanciones legales para los implicados. Sin embargo, como los expedientes fueron mal instrumentados, la sentencia en el caso de sobornos ha terminado en un fiasco. Sólo hay que reconocer que en nuestro país operaba la oficina de Odebrecht para América Latina , que aquí estaban sus principales ejecutivos y hasta escuchamos el ruido de que desde el mismo palacio, uno de los gerentes que terminó apresado, dirigió campañas electorales. Ahora que vemos la sentencia de marras, el pleito pasará a la Corte de Apelación porque los dos que resultaron condenados no están contentos con el fallo. Es decir, mientras todos -y otros que no figuraron- debían estar en Najayo, parece ser que los implicados serán elevados a la categoría de santos angelicales.
La lección es clara, y como dijo Rondón, para que existan sobornos tienen que existir sobornados. Eso, en cualquier país, menos en la República Dominicana. De la ensarta de implicados muchos fueron descartados, y al final sólo uno quedó sentenciado a cinco años de prisión, junto al sobornador que mereció ocho años de reclusión. Así llegamos a la conclusión de lo mal que andamos en una nación asaltada por la corrupción, donde quienes roban miles de millones de pesos se burlan de la justicia y son privilegiados con sentencias benignas.
No hay que ser ducho en el manejo de la investigación, como tampoco un profesional del derecho para advertir el mal proceder de quienes están llamados a impartir justicia. ¿Será que el mensaje es robar mucho para salir descargado o con una sentencia acomodada al nuevo estatus? Y como es lógico pensar, los que roban racimos de plátanos son sometidos a penas de hasta 20 años. Sin embargo, lo más grave, lo que más irrita a los ciudadanos, es que por el sonado caso en otros países condenaron a funcionarios, expresidentes y figuras de primer orden en el plano político. Mientras que aquí, en el patio, en el país de nosotros, donde corrió la friolera de 92 millones de dólares, no sufrieron ni un pellizco los dichosos implicados en el caso.
Vaya, qué suerte.!!
