Las instituciones creadas para fiscalizar, supervisar y orientar sobre las buenas prácticas administrativas desde la gestión pública, cumplen una función vital en el entramado estatal. Existen por necesidad, y no son culpables del pésimo desempeño de quienes obvian trabajar con pulcritud y transparencia.
Es lamentable que la Cámara de Cuentas descendiera a niveles tan bajos que llegó a tildarse como la “cámara de cuentos”, y todo por los pobres resultados arrojados frente a los escándalos de corrupción denunciados y que conllevaron a realizar auditorías en instituciones del Estado.
Nadie supo los resultados, como tampoco observamos pronunciamientos claros acerca de los expedientes por presuntos actos de corrupción presentados ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Ahora que el nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, está visitando los medios de comunicación para que la sociedad se mantenga informada de los trabajos que estará realizando el organismo oficial para el cumplimiento de su rol, es motivo suficiente para soñar con acciones serias y responsables desde esa institución.
Se está organizando la casa, y todo apunta a un ejercicio pleno, preventivo y focalizado para responder a un pueblo que merece volver a confiar en el desempeño de los funcionarios que van a esos cargos a velar por el manejo eficiente de los recursos del Estado.
Pero lo más importante es que el presidente de la Cámara de Cuentas acaba de informar que encontró aproximadamente 180 auditorías sin finalizar, otras en proceso y en diferentes etapas, de hasta dos y tres períodos atrás. Una evidencia de la irresponsabilidad de quienes cobraban jugosos salarios cruzados de brazos. Lo peor es que muchas de esas auditorías perimen en el 2022, por lo que habrá que acelerar para concluir los trabajos pendientes.
La situación es tal que, en los últimos diez años, el plan anual de auditorías no se cumplió, y en años anteriores no se llegó al 6 por ciento, y de estas el cinco por ciento correspondía a las municipalidades.
Una señal irrefutable de apatía y desgano que incide en la falta de credibilidad de los ciudadanos en tan importante organismo del Estado. En ese sentido, el señor Ramírez, dijo que las auditorías están llamadas a generar consecuencias para aquellos que mal usen los recursos del pueblo.
Ojalá que la sociedad dominicana pueda apreciar los avances alcanzados, que se logren buenos resultados y recobremos la fe en los funcionarios que ocupan cargos de alta responsabilidad. Ah, y que también se castigue la complicidad de individuos que buscan desde esos organismo encubrir, ocultar o tapar las prácticas corruptas, cometidas desde la función pública. Esos dañan la imagen de las instituciones del Estado, y contribuyen al descalabro moral de una sociedad que espera un cambio radical en la manera de actuar de los ciudadanos.
