Es lo justo.
Nadie quiere ni siquiera en sueños pasar por la pesadilla de contar con autoridades permisivas que rehúyan al sagrado deber de hacer justicia.
La historia nos coloca como un país plagado de corrupción en todas las instancias del Estado, pasando por la justicia, la política y el sector privado. Y es que son tan frecuentes las maniobras dolosas, que muchos las consideran como “el arte de buscársela”, asumiendo lo indebido como parte de la cultura del pueblo dominicano.
De esta forma, saquear las arcas del Estado es aprovechar la oportunidad de llegar a un cargo para apropiarse de los bienes del pueblo con la habilidad de comprar la justicia bajo el sortilegio de la impunidad. Es desde esa realidad que valoramos el contenido del comunicado emitido por el gobierno, donde se afirma que en la gestión del presidente Luís Abinader, se han recuperado más activos del patrimonio público que en ninguna otra gestión en el pasado.
El documento expresa que cualquier recelo, temor o sospecha en ese sentido carece de fundamento. Y no es para menos, ya que el Consejo Estatal del Azúcar CEA había sido convertido en una agencia inmobiliaria para repartir las tierras del Estado.
Sin embargo, en el mes de diciembre el gobierno anunció que había recuperado 100 mil tareas que estaban de manera irregular en manos de particulares.
Otra de las acciones estuvo encaminada a recuperar el control del cien por ciento de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, ya que en el año 2010 se firmó un contrato de venta cediendo el 49 por ciento de las acciones a la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, la Refidomsa está de vuelta en poder del Estado dominicano. Por igual contamos la ominosa carga del Peaje Sombra, suscrito sin el menor resquicio de transparencia, y gracias al presente gobierno, ha sido eliminada la carga millonaria que pesaba sobre el Estado.
Ahora que apreciamos la actitud del gobierno por recuperar el patrimonio nuestro, creemos necesario abogar por la aprobación de la ley de extinción de dominio para que los corruptos que roban los bienes públicos no sólo sean condenados por la justicia, sino que también, sean despojados de lo que se hayan robado.
Si el proyecto de ley está en el Congreso, si hay mayoría de legisladores a favor del gobierno, entonces todos tienen que bailar el son de la transparencia, desmontando todo lo que conlleve a burlarse del pueblo, porque de nada sirve enjuiciar a los corruptos cuando no existen mecanismos legales para quitarles lo que no es suyo.
Hoy contamos pasados ministros en cuya declaración de bienes dan a conocer que sus fortunas sobrepasan los mil millones de pesos, algo insólito en ciudadanos que hasta hace poco se sostenían gracias a la caridad pública. Y si no fue metiendo la mano en los fondos del Estado, sería bueno que expliquen el milagro que les convirtió en millonarios. Eso sí, de no justificarlos, lo más justo sería condenarlos y despojarlos, para que por fuerza de la razón frenemos el cáncer de la corrupción.
