No importa cuál sea la respuesta cuando al final lo que cuenta es el resultado de un hallazgo que a nadie tomó por sorpresa, ya que la inmensa mayoría de los ciudadanos conocemos las debilidades institucionales del Estado dominicano, donde el dispendio, el derroche y las maniobras dolosas, se tornan cada vez más frecuentes en una sociedad que observa impotente cómo unos pocos disponen de los bienes del erario, haciéndose millonarios, mientras crecen las desigualdades sociales, la falta de oportunidades y el cúmulo de necesidades que generan pobreza en un país donde cualquier funcionario se declara millonario, cuando el rumor público señala que se han llenado los bolsillos con los recursos del Estado.
Como bien expresara el doctor Balaguer, “éste es un país rico, pobremente administrado”
Y es que cuando la administración pública, se concibe como un botín de guerra, permite a los gobiernos de turno hacer toda ensarta de maniobras corruptas, como el otorgamiento de botellas, la dualidad de “cobra cheques” en múltiples instituciones, el abultamiento de la nómina, y cientos de transacciones dolosas en perjuicio del Estado.
Lamentablemente, esa es la tradición que arrastramos ante la ausencia de mecanismos para monitorear el desempeño institucional.
Y peor aún, sin que exista voluntad política para reorientar el rumbo de la gestión pública.
Por suerte, el presente gobierno, presidido por Luis Abinader, está enviando señales que apuntan a cambiar la historia.
Propiciar la independencia absoluta de los miembros de entidades de fiscalización, planteando blindar la justicia para que actúe con criterios independientes, tomando controles financieros y medidas efectivas para evitar el derroche de recursos, es suficiente para avistar una luz de esperanza en la administración pública.
A modo de ejemplo, resaltamos la medida de realizar el pago auditado en varias dependencias del Estado. Una acción que fue dirigida a sanear la nómina pública. Este proceso no sólo consiste en la entrega de cheques, sino que la Contraloría General de la República, en coordinación con las instituciones involucradas, se encarga de hacer los pagos con un sistema que conlleva llenar formularios, mostrando la cédula física, al tiempo que se verifican y contrastan los datos con las informaciones del gobierno. Y “oh sorpresa: sólo por este concepto, el gobierno retuvo unos 7. 5 millones de pesos -de supuestos empleados- que no fueron a cobrar.
Ahora, cabe preguntar, ¿quiénes son esos ciudadanos que no acudieron al llamado? ¿Por qué no cobraron? No basta con informar la hazaña. Lo importante es evaluar los años que venían cobrando (estafando) el Estado, para establecer las pérdidas millonarias que hemos sufrido en un pueblo lleno de grandes necesidades.
¿FUE POR MIEDO O VERGÜENZA?
Editorial de Peravia Noticias jueves 02 septiembre 2021
