Más allá de los informes de la Comisión de Obras Públicas, de los buenos propósitos de empresarios inversionistas y hasta de los vistos buenos de instituciones y organismos oficiales, el pueblo conoce a fondo el motivo fundamental por el cual los regidores se afanan por aprobar lo que en buena lógica se debía rechazar.
Y no es casual. Todo responde a los ensalmos, hechizos y sortilegios utilizados por empresarios para lograr los votos necesarios para pasar sus proyectos.
No importan los pronósticos, las oposiciones y contrariedades, porque el poder mágico de los ensalmo hace el milagro de torcer voluntades. Sólo así se explica que siete regidores del ayuntamiento municipal decidieran aprobar el permiso de uso de suelo para la instalación de una nueva planta procesadora de agregados, mientras seis de los trece ediles que componen el Cuerpo Edilicio, manifestaron su total rechazo, entendiendo los graves daños medioambientales que han causado este tipo de compañías a las comunidades de Galeón y El Cañafístol.
Obviamente, los siete regidores, bajo el sortilegio del ensalmo, votaron para colocar otra grancera sobre las cabezas de los comunitarios. ¿Quiénes lo hicieron? Vayan a investigarlo.
Claro, el argumento es que se guiaron del manido informe de la susodicha comisión de obras. Sin embargo, como nota interesante resalta que seis regidores mantuvieron su postura firme en contra de la aprobación de la nueva grancera, a pesar de que recibieron el mismo informe con la misma recomendación de la comisión para favorecer la instalación de la procesadora de agregados de la compañía Áridos el Manaclar.
Los debates fueron interesantes, pero, por desgracia, poco pudieron hacer los seis para evitar que se aprobara el proyecto. La realidad indica que las comunidades antes mencionadas han sido tomadas por empresas depredadoras para trastornar la vida de cientos de familias que ya han sufrido los nocivos efectos de sus actos. Y lo peor es que nadie actúa para resarcir los daños que van causando.
Frente a esta situación, el alcalde del municipio, ingeniero Santo Ramírez, manifestó su rechazo a todo proyecto que tenga como propósito la extracción o procesamiento de materiales, llámese granceras, por considerar que provocan daños irreparables al medio ambiente. Pero el alcalde fue enfático en referir que la Comisión de Obras Públicas, en su empeño de aprobar el uso de suelo para una nueva grancera en el Cañafístol, violentó los procedimientos administrativos y normativos del órgano municipal que establece que primero deben pasar por el Departamento de Planeamiento Urbano. Claro está, eso también fue por culpa del ensalmo.
