Lo que era un secreto a voces está saliendo a relucir, aunque pocos ciudadanos reaccionan sorprendidos, bajo el entendido de que todos conocían que los partidos políticos estaban siendo utilizados por individuos involucrados en acciones ilícitas. Obviamente, hasta que no se produjo el golpe de la justicia, poniendo al descubierto los rostros de los supuesto actores del entramado mafioso, se paseaban orondos frente a nosotros, exhibiendo con desparpajo las cuantías millonarias erogadas en campañas electorales, en desmedro de sus rivales. Nadie se detuvo a evaluarles, cuestionarles o pedirles que explicasen el origen de sus fortunas puestas a disposición del partido, como tampoco fueron investigados a raíz de los millones gastados para alcanzar un cargo electivo que jamás llegaría a compensar lo invertido. Es decir, los partidos políticos, simplemente abrieron las compuertas para recibir peces y tiburones en el mar de las fragilidades de un sistema político plagado de debilidades estructurales. Ahora el pueblo dominicano, a partir de la llamada Operación Falcón, despierta con la noticia de que varios de los presuntos integrantes de la red acusada de traficar con toneladas de drogas desde aquí, y hacia los Estados Unidos, fueron candidatos de partidos políticos que hoy ocupan posiciones en el tren del Estado. Lo anterior, apunta con el dedo acusador, a los líderes que deciden, los que tienen el control y otorgan las candidaturas a quienes se presentan aforrados de millones de pesos, sin que primen criterios éticos, ni mucho menos la transparencia en la participación equitativa de los ciudadanos en los procesos internos. Para las cúpulas partidarias sólo cuentan las fundas de millones de pesos que aporten los referidos sujetos.
De ahí que se esté hablando de términos tan degradantes como la narco política que se disfraza con el lavado de activos. Así llegan con el barniz de empresarios y son presentados como candidatos para competir en el terreno electoral con hombres y mujeres de bien, con solvencia moral, pero carentes de recursos económicos para enfrentar a individuos financiados por el narcotráfico. Partiendo de una realidad que nadie puede ocultar, deseamos preguntar ¿Qué harán los partidos políticos para evitar el descalabro moral? ¿Será que todo seguirá igual y tendrá la justicia que ir presentando las caras de los que vayan cayendo? A todo esto, abogamos por una ley que establezca controles efectivos sobre los partidos y agrupaciones políticas, para que sean sujetos obligados y respondan ante la justicia, pero sobre todo, para que sea aprobada la ley de Extinción de Dominio, para que los delincuentes, narcotraficantes y contrabandistas, junto a sus testaferros, sean despojados de los bienes obtenidos de manera ilícita. Esas son tareas urgentes que el pueblo debe exigir de inmediato.
